Desde que obtuvo su independencia tras la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, Rusia (formalmente, la Federación de Rusia) ha afrontado importantes retos en su esfuerzo por crear un sistema político después de casi setenta y cinco años de régimen soviético. Por ejemplo, las figuras políticas más destacadas en el poder legislativo y en el poder ejecutivo planteaban visiones opuestas en relación a la dirección política de Rusia y qué instrumentos gubernamentales debían utilizarse para alcanzarlas. El conflicto alcanzó su culmen en septiembre y octubre de 1993, cuando el Presidente Boris Yeltsin usó la fuerza militar para disolver el parlamento y convocó nuevas elecciones legislativas. Este acontecimiento marcó el final del primer periodo constitucional de Rusia, que quedó definido por la muy enmendada constitución adoptada por la República Rusa en 1978. En diciembre de 1993 se aprobó mediante referéndum una nueva constitución, que creaba una presidencia fuerte.

Con una nueva constitución y un nuevo parlamento que representaba a los diversos partidos y facciones, la estructura política rusa comenzó a mostrar signos de estabilización. Sin embargo, los rusos continuaban el debate sobre el futuro de su sistema político, en el que la democracia de estilo occidental y el autoritarismo eran las alternativas más consideradas. El período de transición se extendió hasta mediados de la década de 1990, el poder del gobierno nacional continuó desvaneciéndose mientras las regiones ganaban concesiones políticas de Moscú. Aunque la disputa entre el ejecutivo y el legislativo se resolvió en parte gracias a la nueva constitución, ambos poderes continuaron representando visiones básicamente opuestas del futuro de Rusia. El ejecutivo era el centro de las reformas y la cámara baja del parlamento, la Duma, un bastión de comunistas y nacionalistas contrarios a dichas reformas.